Le dan “entierro de tercera” al Proyecto de Ley 077 de 2012

Es rendida ponencia Negativa y se solicita Archivar el Proyecto de ley número 77 de 2012.

Por el cual se dictan algunas disposiciones en materia contable, se le entregan algunas facultades al Gobierno Nacional para modificar la estructura de la Junta Central de Contadores y se reforman algunos artículos de la Ley 1314 de 2009 y la Ley 43 de 1990.

Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 77 de 2012 senado.

Por la cual se dictan algunas disposiciones en materia contable, se le entregan algunas facultades al Gobierno Nacional para modificar la estructura de la Junta Central de Contadores y se reforman algunos artículos de la Ley 1314 de 2009 y la Ley 43 de 1990.

Doctor

CAMILO SÁNCHEZ ORTEGA
Presidente Comisión Tercera
Honorable Senado de la República
Ciudad.

Informe de ponencia para primer debate en el honorable Senado de la República del Proyecto de Ley número 77 de 2012

Por la cual se dictan algunas disposiciones en materia contable, se le entregan algunas facultades al Gobierno Nacional para modificar la estructura de la Junta Central de Contadores y se reforman algunos artículos de la Ley 1314 de 2009 y la Ley 43 de 1990.

Respetado señor Presidente:

En atención a la designación hecha por la Presidencia de la Comisión Tercera, el suscrito ponente se permite presentar para la consideración y primer debate en la Comisión Tercera del honorable Senado de la República, el correspondiente Informe de Ponencia al proyecto de ley de la referencia, previas las siguientes consideraciones.

1. Contenido y Alcance del Proyecto

El proyecto de ley que se presenta a consideración de la Comisión Tercera, autoría del honorable Senador de la República Gabriel Zapata, pretende como lo indica su título, transformar y modificar la Junta Central de Contadores, para lo cual presenta una modificación en la definición sobre la profesión de contador y se crean categorías de contadores dentro de la profesión estableciendo una distinción entre lo que es el Contador Público, Contador Profesional Privado, y Contador Profesional Preparador de estados financieros.

En cuanto a la inscripción como contador profesional, contando con el lleno de los requisitos señalados en el artículo 3º de la Ley 43 de 1990, se crea la exigencia del factor de experiencia, en donde se hace un aumento en los años que debe acreditar en actividades relacionadas con la ciencia contable, adquirida en forma simultánea con los estudios universitarios o posteriores a ellos, pasando de un (1) año, que está actualmente, a tres (3) años que es lo que se pretende con la iniciativa.

Además de lo anterior busca transformar la Junta Central de Contadores en la Unidad administrativa Especial de la Contaduría Pública, para que de esta forma, queden articuladas las funciones de la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como Unidad Administrativa Especial, con autonomía presupuestal contable y administrativa.

Sobre lo anterior, se indica que en el Capítulo II del proyecto de ley llamado Unidad Administrativa de la Contaduría Pública, el Capítulo III relativo al Consejo de la Contaduría Pública y el Capítulo IV ibídem sobre el Tribunal de Contaduría Pública, la Ley 1314 de 2009 otorgó las herramientas suficientes al Gobierno Nacional, para modificar la conformación, estructura y funcionamiento de la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, garantizando de esta forma el libre desarrollo de sus funciones.

2. Informe de Trámite en el Senado

La iniciativa del proyecto de ley en consideración fue radicada ante la Secretaría General del honorable Senado de la República el día 14 de agosto de 2012 con el número 077 por el honorable Senador Gabriel Zapata, del Partido Conservador. El mismo día, la Secretaría General del Senado procede a su radicación ante la Presidencia del Senado de la República, quienes envían el proyecto a la Comisión Tercera del Senado de la República en donde se designa como ponente a el honorable Senador Fuad Char Abdala.

3. Justificación de la Ponencia

3.1. Aspectos Conceptuales

Está claramente evidenciado que el hecho de igualar las normas contables de nuestro país, a las mismas internacionales, genera un amplio beneficio para la comunidad de contadores y en general para el sector empresarial, industrial y demás afines, ya que es necesario no quedar rezagados frente a la evolución de los procedimientos universales. Además, se integran unos procedimientos estructurales referentes a la profesión de contador, establece funciones, hace un aumento considerable en el valor del registro profesional elevándolo a un salario mínimo legal mensual vigente, sugiere el mecanismo para la elección de los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, entre otras.

En este sentido se considera que el propósito del proyecto de ley es adecuado al querer lograr estos planteamientos, y buscar la reorganización del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. No obstante lo anterior, consideramos que la herramienta que sugiere para alcanzarlos, se presenta sin tener en cuenta las normas ya existentes, sumándole a esto que según la carta política de nuestro país, en su artículo 154 inciso 2º, establece qué leyes pueden ser modificadas por iniciativa del Gobierno, lo que ha generado diferentes conceptos emitidos por la Corte Constitucional por lo tanto procederemos a hacer la respectiva aclaración.

En lo referente a modificar la estructura del estado y en especial frente a los consejos profesionales, la Corte constitucional ha manifestado lo siguiente.

En sentencia C-226 de 5 de mayo de 1994, Magistrado Sustanciador:

Alejandro Martínez Caballero, se afirmó:

4. La inconstitucionalidad de la creación del Colegio Nacional de Bacteriología y de las normas que lo regulan.

Según los demandantes, la creación del colegio Nacional de Bacteriología es inconstitucional por vicios de procedimiento, por cuanto el proyecto de ley requería iniciativa gubernamental por tratarse de una modificación de la Administración Nacional.

La Corte considera que los demandantes tienen razón en señalar que ese tipo de leyes tienen iniciativa gubernamental exclusiva. En efecto, el artículo 154 de la Constitución Nacional en su artículo 2º preceptúa , solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a), b) y e) del numeral 19 del artículo 150; las que se ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del Estado empresas industriales y comerciales y las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales, (subrayas fuera de texto) (…)

Así mismo el artículo 150 de la carta, en su numeral 7, establece:

Artículo 150. Corresponde al congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional,señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta. (Subrayas fuera de texto).

Por otro lado vale la pena resaltar que el proyecto de ley, en materia de inscripción profesional de los contadores, regido por el artículo 3º de la Ley 43 de 1990, se crea la exigencia del factor experiencia en los siguientes términos:

Acreditar en actividades relacionadas con la ciencia contable en general y bajo la supervisión de Contador Profesional, será de tres años adquirida en forma simultánea con los estudios universitarios o posteriores a ellos, esta exigencia aplicará tanto para el contador público como el contador profesional privado.

Ante lo postulado con anterioridad, se le suma lo consignado en el parágrafo de dicho artículo, en virtud del cual, La inscripción como contador profesional deberá acreditarse cada tres años acreditando en la forma señalada por el Gobierno Nacional, el haber asistido a cursos de formación continua con una extensión de 80 horas en ese periodo, en universidades o centros de educación no formal, aprobados por la Junta Central de Contadores o el organismos que la sustituya. Para el caso específico de los contadores públicos deberá acreditarse la asistencia a cursos de educación continuada en temas relacionados con estándares internacionales de aseguramiento y auditoria, así como con los estándares internacionales de formación financiera.

En referencia a este punto, se considera que el proyecto de ley, tiene un acercamiento inconfundible con la inconstitucionalidad, ya que está violando el principio de unidad de materia; propio de la actividad legislativa, debido a la modificación de fondo que se propone sobre la Profesión de Contador Público, la creación de las categorías de contadores; el asignar a la Junta Central de Contadores, que para efectos del proyecto desaparecería, la obligación de aprobar pruebas y señalar requisitos para acceder a las categorías de la profesión, así como también ser esta Junta la que aprueba el contenido de los cursos de educación continuada no formal, que se exigirían a los contadores profesionales y los contadores públicos.

Por lo expuesto con anterioridad, y basados en la diferentes consultas que se realizaron al Ministerio de Hacienda y Crédito público, Función Pública, Ministerio de Comercio, entidades que de una forma u otra, se involucraban con el propósito de la iniciativa, obteniendo de todas ellas un enfilamiento hacia la misma teoría, expresando así el mismo concepto y posición al respecto, por esta razón se estima que no es posible que mediante el proyecto de ley, bajo estudio, se le hagan modificaciones a la estructura de la Administración Pública, a menos que esta iniciativa tenga el aval del Gobierno o sean de su propia iniciativa, artículo 150 Constitución Nacional, se considera además que el único autorizado por la Constitución Nacional para proponer una ley en la cual se crea una entidad o un organismo de la administración pública nacional es el Estado. Para el caso en cuestión, esta propuesta debe provenir del Ministerio del ramo, es decir del Ministerio de Industria y Comercio.

4. Proposición

Con fundamento en las consideraciones expuestas, de la manera más respetuosa me permito rendir Ponencia Negativa y en consecuencia solicitarle a la Comisión Tercera del honorable Senado de la República, archivar el Proyecto de ley número 77 de 2012, por la cual se dictan algunas disposiciones en materia contable, se le entregan algunas facultades al Gobierno Nacional para modificar la estructura de la Junta Central de Contadores y se reforman algunos artículos de la Ley 1314 de 2009 y la Ley 43 de 1990.

Cordialmente,

Fuad Char Abdala,
Senador de la República.

Bogotá, D. C., 19 de diciembre de 2012

En la fecha se recibió Ponencia y Texto Propuesto para primer debate del Proyecto de ley número 77 de 2012 Senado, por la cual se dictan algunas disposiciones en materia contable, se le entregan algunas dificultades al Gobierno Nacional para modificar la estructura de la Junta Central de Contadores y se reforman algunos artículos de la Ley 1314 de 2009 y la Ley 43 de 1990.

El Secretario General,
Rafael Oyola Ordosgoitia.

Autorizo la publicación de la siguiente Ponencia y Texto Propuesto para primer Debate, consta de siete (7) folios.

El Secretario General,
Rafael Oyola Ordosgoitia

*Noticia tomada de actualicese.com

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